El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, vuelve a sentir la presión de la pulseada política-partidaria entre el manzurismo y el jaldismo, en medio de una interna del Frente de Todos que se definirá a todo o nada. Ya estuvo en la mira en mayo, cuando fue citado al recinto de la Legislatura para responder por presuntas inconsistencias detectadas en la cartera que comanda. Y aunque la Cámara aún no se expidió al respecto, el funcionario del Poder Ejecutivo deberá volver a dar explicaciones a los parlamentarios: la comisión de Juicio Político resolvió ayer -por mayoría- correr traslado a 22 pedidos de destitución en su contra.

Los pedidos de juicio político fueron presentados de manera individual por una veintena de afiliados del Sindicato de Docentes de Tucumán (Sidot). En ellos objetaron los nombramientos en cargos técnicos docentes ad referendum del Poder Ejecutivo entre 2018 y 2019; la falta de rendición de $ 2.600 millones destinados a construcciones escolares; y el no haber cubierto vacancias del personal auxiliar a pesar de contar con el presupuesto, entre otros.

El ministro cuenta ahora con 15 días hábiles para hacer su descargo por escrito, según lo establece la Ley 8.734. A partir de allí, la comisión de Juicio Político, que cuenta con 12 miembros, tendrá 20 días hábiles para resolver la situación del ministro. Según consta en el artículo 48 de la Constitución, se necesitan dos tercios de la totalidad de los miembros para promover la acusación. Los restantes 37 legisladores se constituirán en tribunal, prestando nuevo juramento, requiriéndose para su funcionamiento un quórum de 19 parlamentarios.

La comisión cuenta hoy con siete legisladores jaldistas, tres manzuristas y dos opositores.

Fuentes del Ministerio de Educación indicaron que aguardarán ser notificados formalmente por la comisión parlamentaria antes de expresarse al respecto.

Sin antecedentes

El secretario general del Sidot, Carlos Giménez, dijo a este diario al conocer la noticia tuvo la sensación de que “se está haciendo justicia”. Sin embargo, aclaró: “no soy un ingenuo, sé que se ha dado en un contexto político determinado. No hay antecedentes de que prospere un juicio político en democracia”, dijo. Respecto a la cantidad de presentaciones, afirmó: “fue para que cada compañero que quisiera pudiera hacer su presentación y para darle herramientas a la Legislatura”. Aseguró que ya hubo represalias contra dos afiliados y que entienden que pueden venir otras más.

Con un peronismo en plena ebullición, sobre cada una de las decisiones que se toman institucionalmente se hacen lecturas políticas. Y lo de ayer no fue la excepción, según lo expresó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. “Sentimos que se está institucionalizando la elección y la interna, y nos parece que no es bueno porque afecta en algún punto la gobernabilidad. Nos parece sospechoso que aparezcan 22 pedidos de juicios políticos, todos provenientes del mismo sector”, expresó a LA GACETA.

El parlamentario manzurista consideró que los pedidos de juicio político fueron “motorizados desde la Legislatura” con un único fin. “Son parte de una maniobra para desgastar al Gobierno en la que viene el jaldismo trabajando con la oposición y que se materializa en acciones como estas. El ministro ha expuesto 10 horas, ha respondido todas las preguntas, y ahora, de manera mágica, aparecen 22 pedidos de juicio político. Es una maniobra para desgastar a uno de los ministros más destacados que tiene el gobernador”, agregó.

“No tienen argumentos”

Vargas Aignasse rechazó las acusaciones contra Lichtmajer sobre presuntas acciones fraudulentas, y rechazó que se institucionalice la interna. “Los pedidos de juicio político son falaces, arbitrarios. Son claramente políticos, no tienen argumentos. Es una cosa poco seria, improvisada, sin calidad técnica ni rigurosidad jurídica”, ahondó.

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, también rechazó la decisión tomada con nueve votos a favor y tres en contra. “Los peronistas vemos asombrados cómo la alianza opositora formada por el jaldismo, macrismo y bussismo ataca a un ministro de un Gobierno peronista”, disparó en Twitter.

El funcionario, hermano del diputado Pablo Yedlin, precandidato a senador por la lista Lealtad Peronista, manifestó que “la amenaza a Lichtmajer” interpela a un gobierno legitimado por el voto. “No recuerdo otro caso de legisladores que hayan ocupado sus bancas por votos peronistas y que terminaran aliados con la oposición para intentar un juicio político a miembros de su propio gobierno popular. En el peronismo la lealtad es valor que se respeta”, arremetió.

El legislador Raúl Ferrazzano, quien desde mayo preside la comisión de Juicio Político, respondió las municiones lanzadas por Yedlin y reprochó algunas decisiones tomadas por la Casa de Gobierno como consecuencia del quiebre entre el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

“No recuerdo otro caso de un gobierno peronista y de ministros, a los que les aportamos miles de votos para que se sienten en sus cómodos despachos, que persiguen y corren a miles de compañeros y compañeras por pensar distinto. Además de aportarles fondos millonarios a municipios opositores, como Yerba Buena y Concepción, discriminan a los intendentes peronistas como Darío Monteros (Banda del Río Salí) y Aldo Salomón (Alderetes). Algunos se hicieron peronistas cuando los nombraron en un decreto”, expresó.

El legislador Raúl Pellegrini (PJS), secretario de la comisión de Juicio Político, rechazó que se tomen determinaciones con intencionalidad política. “La sospecha siempre existe. Si algún miembro toma decisiones por cuestiones políticas o electorales me parecería gravísimo. Espero que no sea así”, dijo. A su vez, señaló a LG PLAY que por los 35 días hábiles que hay por delante (15 para hacer el descargo y 20 para resolver), la determinación sería luego de las PASO.

El legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, calificó como un “hecho inédito” que un ministro deba responder ante un comité legislativo. “Son demasiadas las irregularidades en la cartera que tiene a su cargo este funcionario cuyo informe (producto de interpelación, realizada el pasado 12 de mayo) no nos ha conformado”, expresó.

Otras definiciones: Stoyanoff, Leguizamón y Edmundo Jiménez

La comisión de Juicio Político resolvió otros casos en la reunión de ayer. El legislador Raúl Ferrazzano, informó que se analizó el descargo que envió el fiscal de Decisión Temprana, Marcelo Leguizamón, respecto al juicio político impulsado por concejales de Banda del Río Salí. Se decidió pasar a archivo a las actuaciones. El presidente de la comisión indicó también que dieron traslado a tres nuevos pedidos de juicio político contra el juez de familia Orlando Stoyanoff por su desempeño en causas ajenas al incidente de tránsito. El magistrado tendrá 15 días para hacer su descargo (ya hay otras acusaciones en curso). En tanto que se decidió archivar por “inconsistencias” un pedido de destitución contra Edmundo Jiménez.